Criticamos la improvisación y la mala fe en la actividad editorial peruana. Criticamos su falta de sentido común y su desconsideración con respecto a la labor intelectual

 

 

Ley del Libro: ¿qué hay de nuevo, viejo?

por Giancarlo Stagnaro
 
 

En una de las marchas convocadas a raíz de la "desexoneración" del IGV a los espectáculos culturales —medida que finalmente se desestimó—, el cineasta Armando Robles Godoy comentó su malestar aludiendo al sistemático desprecio del Estado hacia todo lo que tenga que ver con el ámbito cultural. "Cultura no es sólo el folclore. Cultura lo es todo. Incluso la economía es cultura", sentenció en esa ocasión.

Suena a estribillo conocido, pero no se puede negar que nuestros gobernantes han sido malacostumbrados por las visiones políticas de corto plazo y no se atreven o no pueden superar la estrechez de miras a que nos tienen acostumbrados para tocar la peliaguda esponja de lo cultural. Lo prueba el informe del economista del PNUD acerca de los costos operativos de la Ley del Libro, al calificarlo como un "objeto suntuario" (?), de lo cual se deduce que en este país, si uno gana bien, puede acceder al derecho exclusivo —y excluyente— de leer un libro.

Pues, en un país como éste, ¿para qué demonios se necesita un libro? Sometidos a los implacables dictámenes de la cotidianidad y a la oferta desbordada de desempleo (porque si no se trabaja, ni la barriga ni el corazón están contentos), los peruanos de hoy en día han dejado de lado el hábito de la lectura. Lo prueban las estadísticas de la UNESCO: el Perú, junto con Haití, es uno de los países que menos lee en América Latina. Para muchos, el libro es un objeto prescindible, apolillado, neutro; y ni todo lo que tenga que ver con él sacará a uno de la pobreza material que lo rodea. Hay que estudiar carreras competitivas, hay que ser un "monstruo en computación", se escucha por doquier. Sólo así saldremos del subdesarrollo, repiten los corifeos de la radio, la televisión y los periódicos. En este país, donde la miseria también apesta, leer un libro decididamente es un lujo.

Efectivamente, y volviendo a citar a Robles Godoy, cultura lo es todo. Incluso la incultura. O la ignorancia, que significa un total oscurantismo de la razón y del conocimiento, y que suele manifestarse de forma abrupta en quienes supuestamente administran el país. Convertir al libro en objeto suntuario provoca asombro en todas partes. Al parecer, se confirma un despropósito de la educación universitaria, en la que uno invierte su buen billete: o no se imparte bien o hay un teléfono malogrado. Se supone que mediante ella se forman los economistas y éstos acuden a bibliotecas, consultan ficheros y se llevan a los textos que les han dejado los maestros para leer —sea de autores como Marx, Keynes o el último gurú de la administración o la nanotecnología— a la comodidad de sus hogares.

Lamentable designio de la universidad, que sólo se ha dedicado a formar "profesionales" a quienes lo único que les interesa es asegurar el bienestar de sus bolsillos. Resulta triste comprobar que en la universidad la fotocopiadora ha desplazado la provechosa lectura de un original, al erigirse como un negocio provechoso y que saca del apuro a los incautos estudiantes. Lastimoso fracaso, por ende, de una educación superior pragmatista, resultadista, y que sólo sirve para conservar el conocimiento y no para re-crearlo, es decir, para producir conceptos y valores novedosos a partir de la reformulación creativa de lo ya sabido. Si seguimos ascendiendo, veremos que esta visión, a la que malamente se conoce como "tecnocrática", aunque no la asociemos directamente con un predominio tecnológico definido, se ha impuesto como paradigma del ejercicio del poder político y económico en la clase dirigente y empresarial peruana. De ahí el sistemático desprecio y desvaloración a la cultura —acentuados con el dogma neoliberal que campeó en la década de 1990— a los que nos referíamos al iniciar este artículo.

Ahí estaría, por una parte, un argumento que explicaría la renuencia de ciertos sectores a que el Gobierno promulgue la Ley del Libro. En la otra esquina del cuadrilátero, nos encontramos con los intereses de la gente a la cual le interesa ciertamente que se promulgue una ley —autores, editores, lectores— y su representatividad como fuerza institucional. Con esto no queremos insinuar que la Cámara Peruana del Libro sea la panacea de todos los males y que convendría darle más atribuciones organizativas —lo cual sería un paso interesante—, sino más bien tratar el reforzamiento de la actividad editorial en nuestro país.

Formales versus informales

Durante unas entrevistas acerca de la problemática editorial que efectué para la revista Business (agosto-octubre de 2001), muchos editores afirmaron que la esta actividad carecía de profesionalismo alguno. Existe, en su opinión, un descuido de aquellos editores que no cumplen con los derechos de autor ni menos se preocupan por el producto final. Asimismo, los autores deben hacer valer sus atribuciones sobre la propiedad intelectual. No puede ser, como ha sucedido en muchos casos, que el autor mismo se encargue de hacer la prensa, distribuir y cobrar a las librerías sus propios libros. Eso bien pudo suceder anecdóticamente hace medio siglo (el caso de Congrains, por ejemplo), pero no en una época en que con apretar un botón uno puede contactarse con medio mundo.

Criticamos la improvisación y la mala fe en la actividad editorial peruana. Criticamos su falta de sentido común y su desconsideración con respecto a la labor intelectual. Ello la vuelve poco atractiva, nada rentable e insignificante en comparación con países como Brasil, Colombia, Argentina —que, a pesar de sus crisis respectivas, poseen las industrias editoriales más activas en castellano—, México y ni hablar de España.

La piratería se aprovecha de estas falencias. Es la respuesta de la demanda a un sistema oneroso y excluyente. Es preferible comprar, por ejemplo, un libro de Alfredo Bryce a 25 nuevos soles en la calle que hacerlo en la librería El Virrey de Dasso, donde me cuesta 30 nuevos soles más. ¿Qué dejo de pagar con esa diferencia? Derechos de autor, impuestos, costos de impresión, de papel, publicidad, distribución, etcétera. Es decir, lo que supuestamente volvería a la actividad editorial peruana más dinámica y competente en la actualidad, al ofrecernos productos que valgan la pena, ediciones críticas, autores noveles que quieran publicar sus libros acá (y ya no esperanzada en que algún consagrado publique su vigésimo octava novela para que las cuentas terminen a fin de año en azul). Los formales carecen de visión emprendedora —porque no saben programar sus costos y no son profesionales— y, por otro lado, la informalidad nos ofrece cierta satisfacción en detrimento de la oferta convencional y lo encarecido de sus precios.

Sin embargo, la piratería revela su minusvalía cuando nos entrega un producto deficiente, hecho al porrazo, sin mayor consideración para el lector. Un libro pirata se parece a aquellos programas de televisión locales que hacen pastiche de los extranjeros de manera descarada. En ese sentido, el editor pirata no se diferencia mucho del tecnócrata o del economista neoliberal. A todos éstos sólo les interesan sus ganancias, destrozar a la competencia y conservar su posición de privilegio.

Entonces, la Ley del Libro debe enfocarse a reforzar la actividad editorial (ojo, no consentirla con favores desmesurados, que pueden ir en desmedro de los propios editores) y que ésta inicie el arduo camino de profesionalizarse y convertirse en industria. Sólo así se podrá vencer a la piratería con el abaratamiento de los costos y ofreciendo ediciones de mayor calidad. Y de este modo podremos ponernos a la par de otros países de América.

 

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